El peronismo acudió a la Justicia por deuda de casi medio billón de pesos tomada por Zdero sin autorización parlamentaria.
“Endeudó a generaciones de chaqueños, y queremos saber qué hizo con toda esa plata, porque escuelas, hospitales y rutas no hizo, y los sueldos están congelados” dijeron y calificaron la operación como “la auténtica deuda más grande de la historia de la provincia”.
Diputados de la oposición denunciaron este viernes que el gobernador aprobó por decreto un convenio con el gobierno nacional que compromete más de $ 476 mil millones de la provincia, y subrayaron que “contrajo esa deuda violando la Constitución provincial porque no solicitó la autorización de la Cámara de Diputados”.
Advirtieron que dicho convenio “contempla garantías sobre recursos de la coparticipación federal”, y que son “ingresos fundamentales para financiar el funcionamiento de la provincia, la salud, la educación y los salarios”.
De acuerdo al detalle suministrado durante la conferencia de prensa, la operación “a escondidas de los chaqueños” es “la deuda más grande de la historia de la provincia”, ya que supera al bono de US$ 250 millones que el actual gobierno calificó en esos mismos términos: “Esa deuda queda chica frente a tamaño endeudamiento”.
Insistieron en que al tratarse de una operación de crédito público, el gobierno tenía la obligación constitucional de darle intervención a la Legislatura: “La Constitución lo establece taxativamente para evitar que una sola persona decida endeudar a generaciones de chaqueños”.
Explicaron que además de aprobar el endeudamiento por decreto, Zdero “renunció a un juicio que la Provincia le había iniciado a la Nación ante la Corte Suprema para defender esos mismos fondos, y los organismos de control, que debían frenarlo, lo dejaron pasar ‘sin objeciones’”.
Tras preguntarse por las razones que llevaron al mandatario a eludir el control parlamentario, los legisladores exigieron saber “dónde está toda esa plata”. “No vemos recuperación salarial, no vemos las obras. Queremos conocer las operaciones realizadas, los destinos de los fondos y las condiciones que aceptó el Gobierno provincial”.
Finalmente, informaron que están impulsando presentaciones judiciales y ante los organismos de control “para que se investigue la legalidad de esta operación, sus condiciones y las responsabilidades de los funcionarios que intervinieron, porque ningún gobernador está por encima de la Constitución”.



