La medida fue dispuesta por el juez federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, Fernando Carbajal, a partir de una investigación del fiscal Carlos Amad, originada en una denuncia presentada en 2024 por las actuales autoridades del Instituto de Tierras Fiscales de la Provincia del Chaco.

El expediente analiza la presunta adjudicación irregular de miles de hectáreas de tierras fiscales ubicadas en el departamento Almirante Brown, durante la gestión provincial 2019-2023.

Según la hipótesis fiscal, Soneira habría utilizado su posición en el Estado para favorecer a empresarios vinculados a su entorno a través de trámites de adjudicación impulsados de forma irregular. En el caso de Capitanich, se le atribuye la firma de decretos que ratificaron esas adjudicaciones y su intervención en modificaciones al Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos.

Ambos fueron procesados por los delitos de Fraude en Perjuicio de la Administración Pública, Abuso de Autoridad e Incumplimiento de Deberes de Funcionario Público y Negociaciones Incompatibles en el Ejercicio de Funciones Públicas, en calidad de coautores.

En la misma resolución, el juez procesó por fraude a Federico Storti, Leandro Bessone, Mauricio Ariel Cian y Nelson Pochón; dictó falta de mérito para Darío Osvaldo Giménez y Sheina Marlene Waicman; y sobreseyó a Federico Gabriel Soneira y Diego Manuel Soneira.

Tanto Capitanich como Soneira negaron las acusaciones en sus declaraciones indagatorias y sostuvieron que actuaron conforme a la normativa vigente. Con el procesamiento, la causa avanza a una nueva etapa de profundización de pruebas previo a una eventual elevación a juicio oral.