El Departamento Ejecutivo Municipal observa con preocupación que algunos concejales de la oposición cuestionan el legítimo ejercicio del derecho de veto por parte del Intendente.
Es necesario recordar que el veto no solo está
expresamente reconocido por la Constitución y la Ley Orgánica Municipal, sino que constituye una garantía esencial del sistema republicano y democrático, al impedir que un poder del Estado avasalle competencias que no le son propias.
Las ordenanzas recientemente sancionadas por el Concejo invaden de manera manifiesta atribuciones que corresponden en forma exclusiva al Poder Ejecutivo y con ello, se pretende alterar el equilibrio institucional y desconocer la división de poderes, principio rector de todo gobierno republicano.
El Intendente, en uso de sus facultades, no solo tiene la potestad sino también, el deber de vetar tales normas para preservar la legalidad, la autonomía funcional del Ejecutivo y el respeto al orden institucional.
Defender la Constitución y la correcta distribución de funciones no es una opción política: es una obligación jurídica y moral frente a la ciudadanía. -
