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El Consejo de Seguridad Provincial evaluó y definió Políticas Públicas para el abordaje del delito
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El Consejo de Seguridad Provincial evaluó y definió Políticas Públicas para el abordaje del delito

En General San Martín, vecinas y vecinos, junto a diversas autoridades del Gobierno provincial, la Justicia, el Municipio y la Legislatura se reunieron para evaluar, planificar y definir políticas públicas para la prevención en materia de seguridad. Investigación penal estratégica, fiscalías rurales, compactación de vehículos secuestrados e instalación de cámaras campo, fueron algunos de los temas.


El gobernador Jorge Capitanich participó esta mañana de una nueva reunión del Consejo Provincial de Seguridad Pública, en San Martín, donde las y los vecinos expusieron sus demandas y contaron el trabajo que vienen llevando adelante desde este espacio de participación ciudadana.


“Los pilares indisolubles de una política pública tienen que ver con infraestructura edilicia, instalaciones, mobiliario y equipamiento; tecnología informática y de comunicaciones y la participación ciudadana”, destacó Capitanich. Es en ese marco que la Provincia plantea cuatro puntos estratégicos para trabajar en adelante: persecución criminal estratégica, compactación, plan rural (fiscalías rurales y cámaras campo) y participación comunitaria.


Respecto a la persecución criminal estratégica, se planteó una unidad de estrategias penales que contribuya a descomprimir la tarea de las instituciones y a reducir la problemática de la alta concentración de las cárceles. De esta manera, se busca cambiar el enfoque con una unidad fiscal que ya no sólo reaccione a partir de detenciones y los casos presentados por la policía, sino que dirija sus recursos a la identificación de temas de crimen y seguridad pública para cada barrio.


En relación a la problemática de la sobrecarga de trabajo de las instituciones, se busca mejorar la planificación y la preparación de casos y las audiencias orales desde etapas muy tempranas, para agilizar el sistema y mejorar la calidad de las respuestas.


En lo que refiere a la sobrepoblación en las unidades penales y al aumento en la sensación de inseguridad, se propuso generar un programa de investigación de mercados criminales que supere los formatos de persecución que apliquen detenciones solamente sobre los eslabones débiles del fenómeno, los cuales no tienen impacto en la criminalidad.


En cuanto al segundo punto, que trata la compactación, el desafío es tener comisarías sin chatarras. Al inicio de esta gestión había alojados 8.417 vehículos secuestrados en las unidades pertenecientes a la fuerza policial.


Para solucionar este tema, se declaró el Estado de Emergencia a través del decreto 2821/2021. Sólo en el último mes se compactaron 450 vehículos, lo que representa la eliminación de unas 500 toneladas de chatarra. La meta para diciembre de este año es que la totalidad de las comisarías de la dirección de Zona Resistencia no tengan chatarra.


En cuanto al plan de seguridad rural, el gobernador contó que debido a la preocupante situación que se observa en la proliferación de delitos como el abigeato, se propició poner en funcionamiento dos fiscalías de investigación rural y ambiental en Machagai y San Martín.


En la misma línea de trabajo, pero en lo que refiere específicamente a cámaras campo, se trata de una política pública que busca fortalecer al sector productivo a través de la incorporación de equipamiento de última tecnología. La meta es llegar a las 70 cámaras campo en lugares estratégicos de la provincia.


Mientras que en lo que refiere a participación comunitaria, el gobernador recordó que es "un deber irrenunciable del Estado provincial, promover y garantizar la igualdad de oportunidades y la efectiva participación comunitaria en la elaboración, implementación y control de las políticas y estrategias de seguridad pública".


Es precisamente para eso que se crean estos foros vecinales y rurales de seguridad pública, integrados por vecinos o grupos de vecinos y organizaciones de la sociedad civil interesados por los asuntos de la seguridad pública. La idea es que cada municipio cree en su jurisdicción un Consejo municipal de Seguridad Pública integrado por representantes de: foros vecinales, del Municipio, del Concejo, de organizaciones de la sociedad civil, del Poder Judicial, de pueblos originarios y de la Policía.


Inversión millonaria y participación ciudadana

Para llevar adelante los objetivos propuestos, la Provincia gestiona un préstamo de 25 millones de dólares por parte del Banco Centroamericano de Integración, con contrapartida financiera del Estado provincial.


"Esta inversión se sintetiza en tres puntos: uno, el control de la seguridad fronteriza con todas las unidades correspondientes; dos, la ampliación, refacción y construcción de nuevas comisarías y destacamentos rurales con la idea de llegar a la universalización del servicio durante este y el próximo año; y tres, la incorporación de vehículos, para lo cual estamos haciendo todo el procedimiento licitatorio de compras”, señaló el gobernador.


Por su parte, la ministra de Seguridad y Justicia, Gloria Zalazar destacó y agradeció la participación de todos los actores que intervienen. “Cada encuentro del consejo provincial es importante porque nos permite contar con las ideas, la opinión y el apoyo de la comunidad, plantear las políticas públicas que llevamos adelante en la materia y seguir debatiendo para mejorar entre todos la seguridad pública de nuestra provincia", dijo.


Estuvieron presentes el intendente Mauro Leiva; el subjefe de la Policía, David Vega; el comandante principal de Gendarmería Nacional - Escuadrón 14, Federico Jorge Feversani; el procurador adjunto del Superior Tribunal de Justicia, Miguel Fonteina; la defensora General Adjunta, Gisela Gauna Wirz; entre otras autoridades y representantes de los tres poderes y de organizaciones de la sociedad civil.




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