Becas Progresar: el Gobierno denunció una malversación por USD 341 millones
La SIGEN calificó el caso como de un "impacto alto" económico. No existen legajos de los supuestos estudiantes beneficiados.
El Ministerio de Capital Humano de la Nación, a cargo de Sandra Pettovello, denunció a la justicia irregularidades en el programa de Becas Progresar, que el Gobierno de Alberto Fernández otorgaba con un financiamiento internacional de 341 millones de dólares, un "préstamo" que se concretó en noviembre de 2019 y sobre el cual no se realizó ningún tipo de control, según funcionarios del Gobierno y una auditoría de la Sindicatura General de la Nación.
Según la denuncia, por esa falta de control, se desconoce el destino de los fondos, quién o quiénes se habrían beneficiado con esos fondos y si llegaron a manos de los estudiantes de sectores más vulnerables de entre 16 y 17 años a través de la línea "Asistencia a Jóvenes Estudiantes para la Finalización de la Educación Obligatoria".
Asimismo, en la presentación judicial se denuncia a los presuntos responsables de la malversación del dinero que debía ser destinado a los más desprotegidos de los delitos de "incumplimiento de deberes de funcionario público" y "fraude a la administración pública".
"Luego de arduas investigaciones y auditorías internas, la Subsecretaría Legal del Ministerio de Capital Humano detectó falta de control en el otorgamiento de los beneficios referidos por parte de la Dirección Nacional de Becas y Democratización Educativa (DNByDE) durante el ejercicio 2022", dice la denuncia.
En el escrito, la cartera conducida por Sandra Petrovello señalaron que "dicha ausencia de control en los dineros estatales se refleja en la imposibilidad material de poder controlar y/o inspeccionar debidamente qué cantidad de becas que se otorgaron, y/o si las personas beneficiarias de las mismas fueron correctamente seleccionadas a tal efecto; o bien, si aquellas tenían algún tipo de incompatibilidad que tornara ilegal dicho otorgamiento".
Entre otras irregularidades, la investigación destaca que "no se confeccionaron legajo individual por cada becado desde su inscripción hasta el otorgamiento de la beca", y agrega que "tampoco hay documentación que respalde cada otorgamiento", y que "no existen solicitudes ni formularios de inscripción con certificación escolar que demuestre la escolaridad en la cursada".
Además, en la ANSES tampoco se encontró documentación "respecto del ingreso de los postulantes y su grupo familiar", publicó Infobae.
En tanto, la auditoría de la SIGEN calificó el caso como de "impacto alto".
Asimismo, la Subsecretaria Legal del Ministerio de Capital Humano, Leila Daniela Gianni, acusa de estar "ante un caso de gravedad en perjuicio el Estado Nacional, pero, sugestivamente, el gobierno anterior no denunció nada al respecto ante la Justicia", a pesar de la advertencia de la Sindicatura General de la Nación.
Además, en la última auditoría ordenada por Pettovello a partir del 10 de diciembre de 2023, se destaca: "Con relación al proceso de otorgamiento de becas para que los jóvenes continúen estudiando se detectaron debilidades ante la falta de un sistema que contenga la trazabilidad de todo el proceso, así como de un procedimiento de certificación mensual de las instituciones educativas a fin de poder tomar conocimiento de que alumnos becados efectivamente concurrían a las mismas".
Así, desde Capital Humano también le advierten al magistrado que "en el marco de las auditorías que desembocaron en la presente denuncia penal, el 24 de abril del año en curso, se halló en la oficina personal del Licenciado Nicolás Sojit, quien fuera Director General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales de la Subsecretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social hasta hace poco tiempo -y depuesto en su cargo por este gobierno-; documental que revelaría una fuente de financiamiento externo en el caso proveniente específicamente del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), por un total de 341 millones de dólares asignados específicamente a las Becas Progresar en cuestión".
Según el actual Gobierno, el préstamo otorgado al país -es decir con devolución- "fue concedido a la República Argentina por el ‘BIRF’ por un total de 341 millones de dólares, préstamo que se concretó en el mes de Noviembre del año 2019″. El Programa, tenía entre sus objetivos fundamentales, financiar las "Becas Progresar".
Asimismo, desde la cartera de Pettovello calificaron como "burdas" las irregularidades detectadas por la Sindicatura General de la Nación en el manejo de las becas "Progresar" y que "la aparición de un préstamo internacional multimillonario no debidamente auditado por autoridad nacional alguna resulta a todas luces un marco ideal para la consumación de delitos en perjuicio del erario público".
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