Las partes expresaron opiniones en la reanudación de la audiencia en el Superior Tribunal de Justicia por el habeas corpus colectivo y correctivo y la medida cautelar presentadas por la Defensoría General Adjunta y el Comité Para la Prevención de la Tortura, en la causa 2.522/2025-C, respecto de la ley 4033-J (que limita el uso de telefonía celular e Internet en el interior de los establecimientos penitenciarios de la provincia).
Fue luego del cuarto intermedio dictado ayer lunes tras oír los testimonios que realizaron a través de videollamadas personas privadas de la libertad que están alojadas en distintas dependencias policiales y penitenciarias de la provincia.
El encuentro fue encabezado por el juez Enrique Varela como presidente de trámite (NdeR: debido a que Emilia María Valle se inhibió en la causa) y sus pares: Iride Isabel María Grillo y Víctor del Río.
Además, asistieron el procurador general adjunto, Miguel Fonteina; la defensora general adjunta, Gisela Gauna Wirz; por la Fiscalía de Estado de la Provincia, Guido Cotterli y Lorena Andrea Quevedo; por el Ministerio de Seguridad de la Provincia, Patricia Fernández; por el Ministerio de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos el Subsecretario de Derechos Humanos, Hugo Maldonado; por el Comité de Prevención de la Tortura del Chaco, su presidenta, Bashe Charole y Roberto Sotelo. También Juan Manuel Barranco Cortés, del Departamento Judicial del Servicio Penitenciario; Walter Kiverling, por la Policía del Chaco; Juan Ignacio Díaz, asesor del Ministerio de Gobierno y Juan de la Cruz González, subsecretario de Seguridad.
.gif)
